La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), integrada por 44 asociaciones del sector, celebró el pasado 18 de octubre una reunión para analizar las amenazas que comportaba la nueva legislación en materia de sostenibilidad. E invitaron al acto a miembros del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como del Ministerio de Transición Ecológica, para hacerles llegar sus quejas de primera mano.
“Es el momento de ayudar a las empresas, no de ponerles trabas, ya que está en juego la supervivencia de alrededor de 2.400 compañías y más de 25.000 empleos. Creemos que la regulación española en materia de sostenibilidad no debería ir más allá de las directivas europeas y es imprescindible que las nuevas medidas que entren en vigor sean equilibradas y fruto del consenso.”, ha asegurado Mauricio García de Quevedo, Director general de FIAB.
Y es que la industria alimentaria, tan golpeada por la inflación, tiene motivos para temer al Gobierno español. Al igual que los consumidores, que han visto encarecida la cesta básica de la compra un 14,4% en el último año, de acuerdo al IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras el Gobierno se empeña en encarecerla todavía más.
Además, ha resaltado la complejidad de algunas medidas, como pueden ser las nuevas obligaciones de etiquetado: tanto la prohibición del uso del logo del Punto Verde que en el resto de Europa su uso es voluntario, como la imposición de indicar a través del marcado en qué contenedor se deben depositar los residuos de envase cuando la Comisión Europea está valorando armonizar el etiquetado en este sentido. Este tipo de medidas conllevan una ruptura de la unidad de mercado, pilar básico del funcionamiento de la UE y la propia Comisión Europea ha advertido de los riesgos que conllevan.